La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 375 quejas a nivel nacional entre enero y agosto de 2026 por posibles incumplimientos a los beneficios establecidos para jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
Del total de casos, 324 corresponden a la Ley 6 de 1987 y 51 a la Ley 134 de 2013.
En cuanto a la Ley 6, las principales anomalías reportadas fueron la tasa de interés, con 88 casos; el descuento del 25% en restaurantes, con 72; la falta de otorgamiento del descuento, con 49; y la ausencia de letreros informativos, con 48 casos.
También se registraron 18 casos relacionados con el descuento del 25% en transporte aéreo, 12 por préstamos personales y comerciales y 7 por el descuento del 15% en comidas rápidas con franquicias nacionales e internacionales.
Por estos incumplimientos, se han impuesto 32 sanciones en primera instancia por B/.27,330.00, de las cuales 9 corresponden a casos relacionados con tasas de interés, por un monto de B/.16,800.00.
En el caso de la Ley 134 de 2013, la principal causa de las 51 quejas fue la falta de letreros informativos, con 29 casos, seguida de la falta de otorgamiento del descuento, con 10, y el descuento del 25% en restaurantes, con 5.
Además, se reportaron casos relacionados con comidas rápidas con franquicias, farmacias, hospitales y clínicas privadas, impuestos de aeropuertos y pasaportes, televisión por cable e internet y transporte aéreo.
Durante este período se han impuesto 2 sanciones en primera instancia por B/.600.00: una de B/.350.00 por servicios de televisión por cable e internet y otra de B/.250.00 por falta de letreros informativos.
Acodeco recuerda a los agentes económicos que estos beneficios están establecidos legalmente y deben ser aplicados e informados de manera correcta y visible a los consumidores que tienen derecho a ellos.
La institución también exhorta a las personas que consideren vulnerados sus derechos a presentar sus quejas formales, aportando información precisa sobre el establecimiento, la irregularidad detectada, sus datos personales y los documentos o comprobantes disponibles, elementos fundamentales para sustentar las investigaciones y permitir la adopción de las medidas legales correspondientes.
