CONFLICTO POR PUERTO BARÚ: MINISTRO DE AMBIENTE PIDE DIÁLOGO TRAS SECUESTRO DE ACTIVOS A ORGANIZACIONES AMBIENTALES

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, hizo un llamado al diálogo y al respeto entre las partes involucradas en el conflicto generado por la disputa legal en torno al proyecto portuario Puerto Barú, en el distrito de David, provincia de Chiriquí. Sus declaraciones se dieron a raíz de la controversia por el secuestro preventivo de activos y cuentas bancarias de dos organizaciones ambientales que se oponen al desarrollo del proyecto. 

Navarro expresó su preocupación porque, a su juicio, este tipo de medidas judiciales contrarias a grupos de la sociedad civil no contribuyen a fortalecer la discusión nacional sobre iniciativas de desarrollo que puedan tener impactos ambientales significativos. El ministro reconoció diferencias de opinión con algunas posturas de los colectivos ecologistas, pero subrayó que su papel es fundamental en una democracia y que intentar silenciarlos mediante acciones legales “no beneficia al país”. 

Las organizaciones Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Asociación Adopta Bosque Panamá denunciaron que enfrentan un proceso civil en el que se solicitó al Juzgado Quinto Liquidador Civil el secuestro preventivo de cuentas y activos, medida que calificaron de “sin precedentes” y que ha impactado su operatividad, incluidos pagos de salarios, gastos administrativos y la gestión de áreas de conservación en Chiriquí y Darién. 

Según las organizaciones ambientales, esta acción judicial forma parte de una estrategia para limitar su trabajo de defensa ambiental y la libertad de expresión en el país, precisamente cuando han cuestionado la evaluación de impacto ambiental del proyecto y han propuesto alternativas ubicativas que protejan los manglares de David, un ecosistema protegido legalmente desde 2007. 

Frente a esta situación, el ministro Navarro llamó a que todas las partes reconsideren sus posturas y opten por una mesa de trabajo que permita construir entendimiento y soluciones respetuosas entre empresas, entidades públicas y sociedad civil. 

El proceso judicial sigue en trámite y ha abierto un debate más amplio sobre la protección del ambiente, la participación ciudadana y los límites de las acciones legales en proyectos de desarrollo con impacto ambiental.