El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, volvió al centro del debate público luego de unas declaraciones ofrecidas recientemente durante una visita oficial a Costa Rica, donde relató cómo enfrentó las tensiones con el Tribunal Electoral (TE) en medio de la campaña presidencial de 2024.
Durante su intervención, Mulino afirmó que, en aquel momento, advirtió a los magistrados del TE que no permitir su candidatura provocaría un estallido social. Según sus propias palabras, él les habría dicho que si no lo dejaban competir, “prendía el país por las cuatro esquinas”. La frase, revelada más de un año después de los comicios, desató una intensa reacción política e institucional.
Mulino defendió sus declaraciones asegurando que, en ese periodo, enfrentaba lo que calificó como “un sistema poderoso” que quería impedir que fuera candidato. Sostuvo que actuó en defensa de sus derechos y que quienes hoy lo critican son los mismos que cuestionaban su postulación en 2024. También señaló que finalmente llegó a la Presidencia “sin hipotecas” y sin compromisos con grupos de poder.
El Tribunal Electoral respondió de inmediato con un comunicado oficial. En su mensaje, la entidad expresó “desacuerdo” y preocupación por las afirmaciones del mandatario. El TE recordó que la impugnación de la candidatura de Mulino se resolvió mediante un fallo emitido el 4 de marzo de 2024, de acuerdo con los procedimientos establecidos y en estricto apego al marco legal.
Este episodio revive un debate que marcó la jornada electoral de ese año. Mulino sustituyó como candidato presidencial a Ricardo Martinelli, quien fue inhabilitado tras una condena por lavado de dinero. Su designación generó tensiones entre instituciones: la Corte Suprema de Justicia llegó a señalar que la forma en que el TE permitió su postulación suponía una “injerencia indebida”, aunque finalmente la Corte avaló su candidatura y dio vía libre a su participación.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Figuras como el expresidente Martín Torrijos cuestionaron el tono y contenido de la revelación, calificando como delicado que un presidente reconozca haber advertido un posible estallido social para defender su aspiración electoral.
Las declaraciones también reabren el debate sobre la independencia de las instituciones electorales y la presión política en períodos decisivos. Para algunos sectores, lo dicho por Mulino evidencia un enfrentamiento previo entre poderes del Estado; para otros, refuerza la necesidad de proteger la autonomía del Tribunal Electoral frente a cualquier intento de intromisión.
El tema continúa ocupando la discusión nacional y regional, especialmente por la manera en que estas revelaciones pueden influir en la percepción pública sobre la legitimidad del proceso electoral que llevó a Mulino al poder y sobre las relaciones actuales entre el Ejecutivo y el Tribunal Electoral.