La tragedia ocurrida en el Cañón de Macho de Monte, en Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas, continúa generando interrogantes. Ahora, una carta atribuida a funcionarios y rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) solicita respuestas sobre las condiciones de seguridad bajo las cuales se desarrolló el curso que terminó con la muerte de dos rescatistas.
De acuerdo con información publicada este miércoles por El Siglo, los firmantes —cuyas identidades fueron mantenidas bajo reserva por temor a posibles represalias— cuestionan quién autorizó la capacitación, quién evaluó las condiciones existentes para realizarla, quién conocía los avisos meteorológicos y qué protocolos fueron aplicados antes y durante la emergencia.
También solicitan determinar quién tenía la autoridad para suspender la actividad y por qué esta continuó bajo las condiciones que posteriormente derivaron en la emergencia.
El hecho ocurrió el 30 de septiembre durante el curso de Operaciones y Técnicas de Rescate con Cuerda en Montaña. Sinaproc informó oficialmente que participaban 31 estudiantes y siete instructores, para un total de 38 personas.
La institución señaló que existían puntos de vigilancia destinados a monitorear el comportamiento del caudal y que se emitió una alerta ante el incremento del nivel del agua y el riesgo de una posible creciente.
Posteriormente, el instructor coordinador Eric Sera y el monitor Ángel Pinto participaron en la evacuación del grupo. Ambos fueron reportados como desaparecidos y sus cuerpos fueron localizados a las 4:18 de la madrugada del 1 de octubre.
La carta conocida ahora también pide revisar presuntas advertencias que, según sus firmantes, habrían sido formuladas anteriormente por personal de la institución y determinar qué acciones se adoptaron ante ellas.
Los rescatistas plantean además inquietudes relacionadas con sus condiciones laborales. Entre ellas mencionan los viáticos que reciben cuando deben trasladarse a otras provincias y solicitan revisar la cobertura de las pólizas de vida y accidentes.
Según lo señalado en el documento divulgado por El Siglo, los firmantes sostienen que la cobertura que conocen actualmente sería de aproximadamente B/.10,000 en caso de fallecimiento de un rescatista durante un operativo y consideran necesario evaluar si ese monto corresponde al nivel de riesgo de sus funciones.
La carta no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad. Sin embargo, coloca sobre la mesa interrogantes sobre la planificación de la capacitación, la evaluación de las condiciones meteorológicas, los protocolos de prevención y las decisiones adoptadas antes de la emergencia.
Mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, los funcionarios y rescatistas reclaman que la tragedia sea examinada y que se determine si se cumplieron todas las medidas necesarias para proteger a quienes diariamente tienen como misión salvar vidas.